Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", dirigente nacional del PRI y Senador de la República, escaló a nivel internacional su disputa con el Instituto Nacional Electoral (INE) al denunciar formalmente a tres consejeros del organismo ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La acción legal busca que Washington aplique sanciones económicas y restricciones de visado a los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga bajo la Global Magnitsky Act, una legislación estadounidense dirigida a sancionar a actores acusados de violaciones a derechos humanos o corrupción.

La medida del líder priista responde a una resolución unánime de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que le ordenó a él y a su partido retirar nueve publicaciones en redes sociales por emplear términos como “narcopartido”, “narcogobierno” y “Cártel de Morena”, al considerar que imputan delitos falsos sin sustento probatorio.

"Nuestra lealtad es con la ciudadanía"

A través de su cuenta en X, Moreno defendió la denuncia internacional y rechazó las críticas sobre una contradicción por haber defendido al INE en marchas ciudadanas pasadas. Argumentó que su postura busca evitar que "el poder político capture al árbitro electoral" y acusó al gobierno federal de intentar silenciar a la oposición.

Asimismo, el legislador sostuvo que sus declaraciones están blindadas por el artículo 61 de la Constitución mexicana, el cual establece la inviolabilidad de parlamentarios por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

Respaldo del Ejecutivo a la medida del INE

La medida cautelar dictada por el INE fue respaldada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró que el órgano electoral impida la difamación sin pruebas. Por su parte, el instituto rechazó aplicar una "tutela preventiva" solicitada por Morena sobre declaraciones futuras, al señalar que se trataría de hechos inciertos.