La OFAC sancionó este 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas de La Mayiza y reiteró los 5 millones por Alfonso “Aquiles” Arzate, René “La Rana” Arzate y Juan José “El Ruso” Ponce Félix; acusan a exesposo de Marina del Pilar de cobrar sobornos para protegerlos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró este martes la recompensa de hasta 5 millones de dólares por los jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California, misma que había hecho pública desde febrero de 2026.

Alfonso Arzate García “Aquiles” y René Arzate García “La Rana”, quienes controlan la plaza de Tijuana desde hace 15 años, según la OFAC, con violencia y corrupción policial y política.

Juan José Ponce Félix “El Ruso”, jefe de plaza de *Mexicali y líder de Los Rusos, brazo armado de La Mayiza.

La ratificación se dio luego del nuevo paquete de sanciones anunciado este 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra la red del Mayito Flaco, Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo Zambada, considerada la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa. En total fueron 21 personas físicas y 25 empresas.

Entre los señalados está Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda -de quien se divorció en noviembre de 2025 tras el retiro de visas en mayo de ese año.

De acuerdo con el Tesoro, Torres Torres “usó su influencia política para facilitar y proteger las actividades del grupo criminal” y habría recibido pagos mensuales de hasta 150 mil dólares de parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien a su vez vendió el control de la policía municipal a El Ruso a cambio de sobornos.

Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, sería el encargado de cobrar los sobornos y lavar los recursos a través de empresas y campañas políticas, entre ellas Vida Orgánica Tijuana.

Ambos hermanos, junto con Mendívil García, Rafael Buenrostro y Diosvany Chapotín, fueron designados bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224 por dar apoyo financiero y material al Cártel de Sinaloa, ya catalogado como organización narcoterrorista por traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina.

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Tanto Carlos Torres como la gobernadora negaron cualquier vínculo criminal y anunciaron que iniciarán gestiones ante la OFAC. (Redacción).