Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19; para enfrentar la crisis, el presidente Donald Trump dispuso de 2.2 billones de dólares, pero su política deja en el desamparo absoluto a los migrantes no autorizados.
“Unas 11 millones de personas (migrantes) están en alto riesgo (60% mexicanas), sin contar a las 38 mil que se encuentran en los centros de detención”, señaló a El Heraldo de México Alan Rivera Prieto, especialista en temas migratorios y autor del libro ‘Ilegales’, verdades y mentiras en un país de inmigrantes.
La organización Humans Right Watch (HRW) ha acusado a EU de poner en riesgo de contraer el coronavirus a los miles de demandantes de asilo que son enviados a asentamientos en México, en respuesta a la nueva normativa conocida como “permanece en México”.
“La situación es muy delicada y puede tornarse grave. Hay dos tipos de inmigrantes que se encuentran en serio riesgo: los inmigrantes sin autorización que se están quedando sin empleo y no son sujeto de ninguna ayuda económica por parte del gobierno de Trump y, por otro lado, aquellos miles que están arrestados en centros de detención”, señaló Rivera Prieto desde Miami, Florida.
Los indocumentados ya sienten con mucha mayor fuerza las consecuencias económicas de la pandemia. “Son más de 11 millones de personas que ya comienza a sentirlo en sus hogares. Muchos se han quedado sin trabajo y sin ingresos. Esas personas no van a tener la posibilidad de recibir la ayuda económica anunciada por el gobierno, incluso si pagaron impuestos usando lo que el IRS llama “ITIN number” (número de nueve cifras que dan a los inmigrantes no autorizados que desean declarar impuestos).
No tienen acceso al seguro de desempleo, eso es sólo para ciudadanos e inmigrantes con residencia permanente o green card. Tampoco tienen acceso a atención de salud pública en caso de contagio por el coronavirus. Salvo la caridad de las iglesias e instituciones privadas”.
Rivera Prieto destacó que los indocumentados detenidos están en peligro de contagiarse. “Esos lugares no tienen la forma de establecer medidas efectivas de aislamiento para evitar los contagios masivos. Incluso la niñez migrante y sus familias, se encuentran detenidos sin una base legal suficiente. Deben ser puestos en libertad de inmediato”.
Hasta ayer, se han confirmado al menos seis casos por COVID-19 entre migrantes detenidos en todo el país y cinco entre empleados de los centros de detención.
Hay más de 38 mil personas recluidas y organismos de Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Migración, la agencia para refugiados y, sobre todo, la propia Organización Mundial de la Salud están pidiendo su liberación.
El también politólogo consideró que el gobierno mexicano debe mostrar “que tan cierta es la sensibilidad social”, y sugirió que ambos países alcancen un acuerdo para repatriar a la población en más alto riesgo.