Manifestantes antigubernamentales, principalmente de las regiones del sur de Perú, comenzaron a llegar ayer a la capital para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en una protesta que se extenderá hasta hoy y que fue denominada "Toma de Lima", en desafío al actual estado de emergencia.
Los cientos de campesinos del Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Puno y Andahuaylas llegaron masticando hojas de coca para saciar el hambre.
La Policía elevó esta semana la vigilancia de las carreteras de ingreso a Lima, el arribo desde distintas regiones del interior del país de autobuses y camiones con manifestantes hacia la ciudad, que ha suspendido sus festejos por los 488 años de su fundación, el 18 de enero.
En las protestas se demanda además el cierre del Congreso, una nueva Constitución, elecciones generales anticipadas rápidas y la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado el 7 de diciembre, después de intentar disolver de forma ilegal el Congreso.
Los pobladores y dirigentes de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas del interior del país iniciaron el día con un ritual andino a la Pachamama (madre tierra), colocando en el suelo fotografías de algunas víctimas de las protestas.
Cientos de pobladores del Cusco se instalaron también en un local de la Universidad San Marcos, tomada por sus estudiantes.
Al menos 42 personas han muerto en enfrentamientos y otras ocho fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con las manifestaciones, tras más de un mes de protestas.
Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó para hoy un paro nacional y una movilización.
"Queremos la renuncia de Dina Boluarte. No nos sentimos representados por ella”, aseguró Jesús Gómez que vestía un sombrero de lana de oveja y chalina de hilo de color rojo y negro.
Boluarte, que ha pedido "perdón" por las recientes víctimas y reafirmado que no va a renunciar, amplió la semana pasada por 30 días más el estado de emergencia para Lima y las regiones de Puno y Cusco, que han sido focos de las protestas.
La emergencia, que restringe derechos, faculta a las fuerzas armadas a ayudar a mantener el orden público.