El régimen de Irán ahorcó en público a Majidreza Rahnavard, un activista que participó en las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini.
El sentenciado estaba acusado por presuntamente matar a dos policías y herir a otros cuatro en el contexto de las manifestaciones que comenzaron en septiembre pasado.
Se trata del segundo prisionero condenado por un presunto delito derivado de las protestas.
Los agentes detuvieron al sospechoso el 28 de noviembre pasado, mientras planeaba huir del país.
Inmediatamente después del arresto, comenzó el juicio.
En la sesión del tribunal, el acusado presuntamente aceptó su autoría en los crímenes, lamentando que ha “afligido a muchas familias”.
A finales de la semana pasada, el gobierno anunció que había ejecutado al primer prisionero, identificado como Mohsen Shekari, condenado por herir “intencionalmente” a un guardia de seguridad con un cuchillo largo y bloquear una calle de la capital.
Otras diez personas fueron condenadas a la pena capital por su participación en las manifestaciones, que el poder califica de “disturbios”, informó la autoridad judicial iraní.
Según la organización Amnistía Internacional (AI), Irán se prepara para ejecutar a Mahan Sadrat, de 22 años, tras un juicio rápido y “sumamente injusto” durante el cual fue declarado culpable de haber sacado un cuchillo en las manifestaciones, unas acusaciones que desmintió ante el tribunal.
Condenado a muerte el 3 de noviembre, fue trasladado a la cárcel de Rajai Shahr de Karaj, cerca de Teherán, “lo que hace temer una ejecución inminente”, alertó AI.
La asociación Iran Human Rights, afirmó que el Tribunal Supremo confirmó la condena, lo que hace que pueda llevarse a cabo.
Amnistía Internacional también advirtió que la vida de otro hombre joven, Sahand Nurmohammadzadeh, estaba en peligro tras su condena a muerte por haber “derribado barandillas de autopista y quemado basura y neumáticos”.
Amnistía y IHR también mencionaron el caso de Hamid Gharehasanlu, un médico condenado a muerte, que al parecer fue torturado.