Para el 2022, el presupuesto destinado exclusivamente a tareas anticorrupción sufrirá modificaciones que beneficiarán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y que recortarán los recursos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

De acuerdo con el Anexo Transversal Anticorrupción, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, el TFJA recibirá para el próximo año recursos por 135.2 millones de pesos, que significan un incremento del 50 por ciento en comparación con lo recibido en 2021, que ascendió a 67 millones 254 mil 610 pesos. 

Este año, el TFJA estrenó la Tercera Sección de su Sala Superior, que tiene tres magistrados y que está especializada en resolver exclusivamente las faltas administrativas graves, casi equiparables a delitos por hechos de corrupción, que le canalice la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En contraste, la UIF, que este año tuvo un cambio de titular con la salida de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez, sufrirá una reducción en sus recursos para tareas anticorrupción, pues en 2021 tuvo 170 millones 10 mil 527 pesos y para 2022, sólo tendrá 157 millones 712 mil 373 pesos, una reducción del 7.23 por ciento. 

También el SAT tendrá un recorte en su presupuesto anticorrupción, al pasar de 87 millones 37 mil 623 pesos en 2021, a 82 millones 58 mil 608 pesos en 2022, que implica una reducción del 5.7 por ciento. 

En total, el Anexo Transversal Anticorrupción del PEF del 2022 incluye recursos por 3 mil 532 millones 38 mil 939, mientras que en 2021 se le dieron 3 mil 315 millones 741 mil 103 pesos, es decir que para el próximo año tendrá un incremento de 6.52 por ciento. 

Los recursos anticorrupción para el 2022 se repartirán entre diez instituciones que tienen tareas alineadas con algunos o todos de los cuatro ejes del anexo, las cuales son: 

• Combatir la corrupción y la impunidad; 
• Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder;  
• Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad; 
• Involucrar a la sociedad y el sector privado. 

Esas instituciones son el Consejo de la Judicatura Federal, la UIF, Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el SAT, la SFP, el TFJA, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Entre estas instituciones se encuentran casi todas las que conforman el SNA, e incluso otras, pero destaca que en el Anexo Transversal no se incluyen los recursos que recibe la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

La mayor parte de los recursos del Anexo Transversal los ejercerá el Consejo de la Judicatura Federal, el cual tendrá 1 mil 576 millones 900 mil 179 pesos para esas tareas, superiores también a los que ejerció en 2021, que fueron por mil 504 millones 745 mil 545 pesos.