La desaparición de personas es la herencia más dolorosa que enfrenta el gobierno de México, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.

Encinas Rodríguez dio la bienvenida al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que realiza su primera visita oficial a México.

“Estamos abiertos plenamente al escrutinio internacional y más en particular para enfrentar el enorme reto que tenemos para restaurar un Estado de derecho que nos permita garantizar el respeto a las garantías de todas las personas en nuestro país”, enfatizó el subsecretario.

Reconoció que el país enfrenta una crisis humanitaria y de derechos humanos por la desaparición de más de 94 mil personas, por lo que expuso que el Estado mexicano debe hacer el mayor de sus esfuerzos para superar esta lamentable situación.

El funcionario federal indicó que la desaparición forzada fue detonada en dos diferentes periodos del país, conocidos como la Guerra Sucia, de 1965 a 1990, y la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón.

“La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social en la cual la competencia política estuvo asociada a la violencia del Estado y a la lucha armada, y adquirió una dimensión particular durante la Guerra Sucia, así como en la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006, la cual desató la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado”, subrayó.

El subsecretario señaló que se mantiene abierta una herida que el gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, a fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas.

Reprochó que pese a que el 17 de noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y también la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, no se había implementado hasta la llegada de este gobierno, no existía un registro de personas desaparecidas ni protocolos para la búsqueda, pues sólo existían ocho comisiones de búsquedas locales.

“Desde la llegada del nuevo gobierno, en diciembre de 2018, asumimos la existencia de esta crisis humanitaria en materia desaparición de personas y violación de derechos humanos, y el Presidente de la República ha enviado señales muy claras, como fue el primer acto de gobierno del 3 de diciembre de 2018, cuando se emitió el decreto por el cual se crea la comisión por la verdad y acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa”, recordó.

Al hablar a nombre del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Carmen Rosa Villa-Quintana afirmó que este organismo acoge con muchísima satisfacción la disposición de recibir esta visita solicitada desde 2013, lo que “muestra la voluntad del Estado mexicano de abrir las puertas al escrutinio”.

Informó que el comité participará en exhumaciones, “tanto las que hacen las autoridades nacionales como las que están realizando las propias víctimas, para conocer los obstáculos, avances y aquello que, desde nuestra perspectiva, pueda contribuir a superar esta situación”.

También visitará los centros de detenciones de personas como un medio para prevenir las desapariciones forzadas, dijo.

Destacó que la interlocución directa con las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, víctimas e instituciones de derechos humanos “nos van a permitir identificar formas de contribuir a prevenir y a erradicar la desaparición forzada”.

El Comité contra la Desaparición Forzada estará en México hasta el 26 de noviembre.