El anuncio de la compra de drones que serán destinados a la vigilancia en el puerto de Mazatlán, despertó la inquietud de más de alguno por analizar si esta medida vendrá en verdad a resolver el problema de violencia que se vive en Sinaloa.

Los encargados de gastarse el dinero siempre piensan en función del costo-beneficio que arrojará una inversión y en este caso seguro habrá cosas buenas y malas.

El primer comparativo tiene que ver con el nivel de eficacia que puedan representar estos drones en comparación con las videocámaras de vigilancia, donde sin lugar a dudas los primeros sacan buena ventaja con el solo hecho de la movilidad que da una mayor cobertura del espacio a monitorear.

El otro gran factor a valorar es el precio de cada artefacto, número de aparatos que se requieren para mantener en vigilancia permanente la ciudad y el costo de operación de los mismos.

Y una pregunta más que vale la pena hacerse es qué tanta garantía se tiene de que los drones no serán derribados y destruidos por los malandrines, como ocurre con las videocámaras, porque de no ser así, entonces el problema es de fondo y tiene que ver con el poder de los delincuentes sobre la autoridad.