Culiacán, Sinaloa. Por fin, la notable explotación infantil que a diario se vive en los cruceros de las calles en los principales municipios del estado, hizo eco en el Congreso del Estado en voz de los diputados Angélica Díaz Quiñónez y José Antonio Crespo, que pidieron el trabajo del DIF y de la participación de la sociedad para denunciar esta práctica que condena a los menores a un futuro sin oportunidades, acechados por otros fenómenos sociales como la drogadicción.

Díaz Quiñónez estableció que en el país son ya 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que son explotados a veces incluso por sus propios padres que los envían a las calles de las zonas céntricas o cercanas a las plazas comerciales a pedir dinero, hacer malabares y limpiar vidrios de los carros a cambio de unas monedas.

“Lo que debería de preocuparnos es que este problema lo normalicemos, es decir que dejemos de verlo con las dimensiones y graves consecuencias que pueda traer para el futuro de los propios niños, porque las repercusiones son no sólo físicos sino también mental. En un amplio número de casos, los niños que son explotados caen en la práctica de la drogadicción, la cual les ayuda a evadirse y a superar el día a día. Asimismo, son muchos los niños que sufren trastornos de depresión y ansiedad, junto con un sentimiento de desamparo total, se sienten solos en un mundo que nos les ofrece ningún tipo de protección y para el cual son totalmente invisibles”, dijo.

Por su parte el diputado José Antonio Crespo puso el dedo en la llaga, al cuestionar la función de los Sistemas DIF en sus tres niveles de gobierno, cuyos trabajadores sociales y abogados debería ya haber elaborado un diagnóstico de la explotación infantil en Sinaloa para brindar una solución al problema y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolecente a una vida digna.

Enrique Rodríguez