Pese a que hubo un recurso asignado para las campañas políticas en Sinaloa, éste no se aplicó de manera justa para a todos los candidatos y fueron los dirigentes de los partidos y los candidatos de mayor jerarquía quienes decidieron la forma de repartirlo.

En el transcurso del proceso electoral, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprueba los gastos y topes de campaña para cada tipo de elección, así como el financiamiento público y privado al que tienen derecho.

En las campañas que acaban de concluir el IEES autorizó un gasto total de 64 millones de pesos a distribuir entre los 11 partidos políticos, en donde a Morena le correspondieron 22 millones, al PRI 14, al PAN 7 y al PAS5, por citar a los que recibieron las mayores cantidades. Los partidos de nueva creación como el PES, RSP y PFM, recibieron 1.6 millones de pesos cada uno.

No obstante, también la autorización del financiamiento privado y es de donde se agarraron los dirigentes para escatimar el recurso público para los candidatos, principalmente a los compitieron por las alcaldías y las diputaciones, a quienes prácticamente los mandaron “a la guerra sin fusil”.

Esta situación salió a relucir en el actual proceso electoral, en donde los partidos ofrecieron las candidaturas, muchas de ellas ciudadanas, haciendo a estos a realizar sus campañas con sus propio dinero, ya que del financiamiento público no vieron ni un cinco.

De ahí, que muchos de ellos han pedido ya la regulación sobre el ejercicio del financiamiento público para las campañas políticas, un reclamo que amerita reformar la Ley para hacer más justo el reparto del mismo.