El Observatorio de Participación Política de las Mujeres —integrado por el INE, el Tribunal Electoral e Inmujeres— expresó preocupación y rechazo a la violencia política de género que “se está verificando contra aquellas que decidieron participar” en en el actual proceso electoral.

Después de que se diera a conocer la vinculación a proceso a la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, el Observatorio dijo que “las mujeres no están solas” y existen recursos jurídicos que pueden promover ante las autoridades electorales.

Agregó que las leyes para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género, los acuerdos del INE, así como las sentencias y criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral, implican mandatos claros para que, cuando se alegue violencia política contra las mujeres, sean protegidas con medidas cautelares que garanticen su seguridad. Asimismo, para desincentivar y modificar las prácticas discriminatorias basadas en la violencia de género, existen mecanismos para la reparación integral y evitar su repetición.

“Les decimos a las mujeres que no están solas, que la violencia política de género que atente contra sus derechos político-electorales puede y debe denunciarse a través del Procedimiento Especial Sancionador ante el INE y los institutos electorales locales; en el caso de las instancias jurisdiccionales, cuentan con el juicio para la protección de los derechos político-electorales, así como la denuncia por el delito de violencia política ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y las de las entidades.

“La resolución expedita y con perspectiva de género de ambos órganos abonará significativamente a que ninguna persona que ejerza violencia política contra las mujeres en razón de género sea postulada como candidata mucho menos que ocupe un cargo de elección popular”.

El Observatorio se dijo comprometido a impulsar herramientas que fortalezcan las habilidades de las mujeres para la denuncia y defensa eficaz de su derecho a una vida libre de violencia de género en el ámbito político, atendiendo a sus diversidades culturales y sociales, especialmente de las mujeres de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

Además señaló que el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres no debe traducirse en que su integridad esté en riesgo, por lo cual en los casos de violencia política, las autoridades están obligadas a investigarlos.

Recordó que esta demanda está fundamentada en el artículo 1 de la Constitución, incluyendo a las mujeres que incursionan en el espacio público, a lo que se suman los instrumentos legales para atender, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, que la tipifican como delito con sanciones y establecen obligaciones para autoridades, partidos y otros actores, a fin de fomentar una actuación ajena a estereotipos y sin violencia.