El Senado avaló en comisiones modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para imponer sanciones a empresarios y sus familiares, como los primos, si se benefician de faltas administrativas graves que afecten a la Hacienda Pública federal o a los entes públicos, federales, locales, municipales o alcaldías.

De acuerdo con el dictamen avalado por tres comisiones, si se obtiene un beneficio de actos de corrupción a través de recursos públicos, las actividades de las empresas serán suspendidas, también podría impulsarse su disolución o intervención de la sociedad respectiva.

Esto será aplicado, según lo aprobado en las comisiones por todas las bancadas del Senado, “siempre que la persona moral (empresa) obtenga un beneficio económico para sí, para sus socios, para las personas físicas que actúen en su nombre y representación, para los familiares hasta el cuarto grado de éstos o para cualquier tercero con quién tengan algún vínculo”

En el delito debe acreditarse la participación de los órganos de administración de la empresa acusados de corrupción, de sus órganos vigilancia, de sus socios, directivos o representantes, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

La propuesta que será turnada esta semana al Pleno del Senado para su discusión y votación, tiene como objetivo la persecución adecuada a los delitos de corrupción de los servidores públicos y empresas relacionadas.

La iniciativa también avala la desaparición de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, para que sólo se nombren a los tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la competencia de responsabilidades administrativas, esto, en apego al plan de austeridad presupuestal, además, también se adecua la Ley General de Responsabilidades Administrativas con la Constitución.