Tan pronto como el director de Mexicanos Primero, Capítulo Sinaloa, Ángel Leyva Murguía, hizo público el resultado del estudio de la Auditoría Superior de la Federación al informe “pase de lista”, del FONE 2017, en el que se enuncian irregularidades cometidas en la SEPYC, que podrían constituir un probable daño a la hacienda pública por más de 212 millones de pesos, el ex director de Mexicanos Primero, Capítulo Sinaloa, Arturo Sainz Sánchez (subsecretario de transparencia), salió en defensa del ex director de Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación.
Es decir, no fue el ex director de Mexicanos Primero, Juan Alfonso Mejía (secretario de Educación y responsable de la administración educativa estatal) el que respondió a la publicación, sino el ex director de Mexicanos Primero, Arturo Sainz, subsecretario de transparencia, con información de Juan Alfonso Mejía.
La conclusión: se equivocó la ASF al hacer la auditoría con la nómina del 2017, en octubre del 2018 (cuando ya se habían hecho los cambios de adscripción). ¿Por qué no se les permitió a los auditores ASF (o por qué no entraron) a hacer la auditoría antes de que cambiara la nómina?
El cambio de nómina generó que durante la auditoría no se encontrara al 44% del personal en sus centros de trabajo porque ya habían cambiado de adscripción, sin embargo, también señala datos muy significativos como que los directores declararon no conocer a 3 mil 294 empleados que aparecían en su nómina; que se detectaron 44 trabajadores que no realizaban funciones destinadas a la educación básica y normal; pagos a trabajadores que habían sido dados de baja; pagos a trabajadores con licencia “sin goce de sueldo” y a trabajadores adscritos simultáneamente a dos estados no compatibles.
Hay evidencias de trabajadores que, sin estar laborando en las escuelas, fueron llamados para ser evaluados como trabajadores en activo de éstas y tan pronto como terminaron las evaluaciones volvieron a desaparecer, sin que, ni el director ni el personal docente, supieran quienes eran.
LO QUE NO SE DICE
Lo que no se dice es que la Auditoría Superior de la Federación sólo audita los servicios que se pagan con recursos federales. Es decir, sólo a los SEPDES y no a la SEPYC, puesto que ésta se paga con recursos estatales y le corresponde a la Auditoria Superior del Estado (dependiente del Congreso del Estado) hacer esa auditoría que no ha hecho.
El dato está en la propia información de la auditoría. Dice que sólo se encontró al 56% del personal y que no se encontró a 14 mil 128 trabajadores (equivalente al 44%), lo cual indica que el 100% serían 32 mil 88 maestros, que es la plantilla de los SEPDES. Es decir, no incluye a la SEPYC, que tiene en su nómina otros 19 mil trabajadores. Los servicios estatales de educación no entran en esa auditoría, y ahí, las irregularidades podrían ser tanto o más graves que las detectadas en los SEPDES.
Antecedentes.
Aunque la SEPYC encabeza en Sinaloa el sector educativo, éste, por sus fuentes de financiamiento, está dividido en dos subsistemas. El de financiamiento estatal, articulado en la SEPYC y el de financiamiento federal articulado en los SEPDES, que dependen de la SEP. Aunque con el acuerdo de federalización de mayo de 1992, todos los recursos federales para educación básica y normal se transfirieron a los gobiernos de los estados, en octubre del 2013 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal que creó el FONE, que dispuso recentralizar la nómina en la SEP y la SHCP para evitar la enorme fuga y desvío de recursos que se hacía en los estados.
A partir de dicha reforma, el pago de los maestros federalizados corrió a cargo directo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la información de la SEP sistematizada en el Sistema de Información y Gestión Educativa –SIGE- a través del FONE, que se nutriría con la información que le envían las secretarías de educación de los estados. A partir del 2014, el dinero ya no se envió a los gobiernos estatales, sino que la SEP volvió a pagar directamente a los maestros (como antes de 1992) mediante depósito en tarjeta bancaria individual, con base en la información que le enviaban las secretarías de los estados.
Este proceso es el que le permitió a la Auditoría Superior de la Federación detectar las irregularidades que aparecen en el informe de pase de lista del FONE 2017, que la subsecretaría de transparencia estimó como un error en el informe (habrá que conocer la versión de la ASE), sin embargo, esta es sólo una cara de la moneda, ya que la ASF sólo auditó a los SEPDES y no se auditó a la SEPYC porque a ésta la debe auditar la Auditoría Superior del Estado, dependencia que ha dejado mucho que desear, ya que ni siquiera ha tomado acción para resarcir el daño cometido al patrimonio del ISSSTEESIN…
Los diputados tienen una enorme tarea que, al parecer, aún no logran entender en este campo y su desempeño está muy por debajo de las expectativas creadas, sin embargo, aún están a tiempo de pasar de los selfies y las declaraciones a los hechos concretos y las decisiones estratégicas; a pasar de las reacciones anímicas ante los gritos mediáticos a los proyectos y las acciones estrategias que sienten las bases del cambio esperado y necesario comprometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Marco Antonio Zazueta, Flor Emilia Guerra, María Victoria Sánchez y Graciela Domínguez son personas bien intencionadas y tienen potencial, pero les falta rumbo a sus acciones y sobre todo decisión. Tienen la oportunidad de pasar a la historia como los diputados que sentaron las bases del cambio que soñaron los sinaloenses, o los diputados que desperdiciaron una oportunidad histórica…los diputados tienen la palabra.
Pero están a tiempo La promesa del cambio pasa necesariamente por entender lo que sucede en educación y hacer lo que les corresponde… ¿Y la auditoría a la SEPYC?