En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.

Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.

Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Políticoa través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones desde que comenzó su sexenio que ya no se tolera ni permite la tortura y la impunidad, los datos oficiales muestran lo opuesto: las denuncias por tortura siguen llegando, mientras que solo en el 0.2% de los casos se ha identificado y procedido contra los funcionarios involucrados.

De acuerdo con el informe entregado por la FGR, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se iniciaron 522 nuevas carpetas de investigación por delitos de tortura en contra de servidores públicos federales (civiles o militares). Aunque los datos se entregaron el 27 de noviembre, la Fiscalía no proporcionó la información de los últimos cuatro meses.

Lo anterior corresponde a un promedio de 25 nuevos casos de tortura a nivel federal reportados al mes en el actual sexenio. Si bien no se detalla quién presentó las denuncias, en muchas ocasiones el reporte proviene de los jueces federales ante los que se ponen a disposición a las personas detenidas. Por ley, ley FGR esta obligada a investigar de oficio los casos.

¿Qué ha pasado con estas nuevas investigaciones y con las que ya existían anteriormente? De acuerdo con la relación proporcionada por la FGR, de un total de 1 mil 259 carpetas de investigación en curso, se han “resuelto” de alguna manera 620 casos que equivalen al 49.2% de los casos.

Ello significa que hasta el cierre de julio había 639 carpetas de investigación que seguían “en trámite”, es decir, que estaban abiertas y en desarrollo sin ningún tipo de resolución.

¿Cómo se han “resuelto” los casos?

Aunque la FGR reporta haber tomado alguna determinación en casi el 50% de las carpetas de investigación iniciadas por tortura, los datos reflejan que —en realidad— solo en tres casos las indagatorias avanzaron lo suficiente para presentar una imputación ante un juez en contra de los probables responsables.

Solo se esclareció con una acusación ante el juez el 0.2% de todas las carpetas trabajadas en el actual sexenio. Son los casos denominados como “judicializados”.

De estos casos esclarecidos, en uno se presentó la acusación sin detenido, mientras que en los otros dos sí se detuvo y vinculó a proceso a los probables responsables. Se trata de tres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tres elementos de la extinta Policía Federal imputados por ese delito.

En resto de los casos “resueltos”, la FGR decidió dar carpetazo a los casos sin concluir las investigaciones.

La respuesta fue declararse “incompetentes” por causas internas o externas para seguir con la indagatoria, lo que ocurrió en 427 de las carpetas que se habían iniciado. En otros 145 expedientes la vía fue decretar el “no ejercicio de la acción penal”, es decir, concluir que no había evidencia suficiente para proceder en contra de alguien por la tortura denunciada.

En tanto, en 21 casos iniciados, el Ministerio Público Federal responsable determinó enviar los expedientes al “archivo temporal”, que es una forma de no cerrar el asunto, pero sí detener las indagatorias hasta que surja alguna nueva pista.

A ellos se suman 20 casos más donde la “solución” fue acumular los expedientes por tratarse de hechos similares o relacionados con otras carpetas de investigación que siguen en curso.

Finalmente, en cuatro casos, FGR optó por “abstenerse de investigar”, que es una vía que le permite la ley para cerrar un caso sin esclarecer nada.

También se requirió a la FGR el dato de las sentencias condenatorias obtenidas por el delito de tortura, pues de acuerdo con la ley y con los especialistas, un caso solo puede considerarse totalmente resuelto cuando hay una condena en firme en contra del probable o probables responsables.

La respuesta recibida arroja que de diciembre de 2018 a julio de 2020 solo se consiguió obtener una sentencia condenatoria, que corresponde al caso de los tres expolicías federales procesados por dicho delito.

Si se compara este único caso cerrado con una sentencia condenatoria respecto al universo completo de investigaciones iniciadas en sexenio, significa que la FGR ha tenido un nivel de eficacia del 0.07% en el esclarecimiento total de las torturas que ha indagado.

Información incompleta 

La información sobre denuncias por casos de tortura atendidas y resueltas fue requerida desde julio  a la FGR, pero fue entregada, de manera incompleta, hasta el 27 de noviembre pasado.

Luego de diversos atrasos por la pandemia, la Fiscalía otorgó una primera respuesta a este medio fechada el 7 de septiembre en la que solo proporcionaba los datos de carpetas de investigaciones iniciadas, pero sin detallar ninguno de los otros datos solicitados, como casos resueltos, y las corporaciones o dependencias a las que pertenecían los funcionarios implicados.

Tras una queja presentada ante el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y que continúa bajo análisis, la FGR envió una respuesta complementaria fechada el 27 de noviembre en la que desglosa el balance relacionado con la determinación de las carpetas y el sentido de las mismas, así como los datos de casos judicializados y sentenciados.

No obstante, la Fiscalía aún no proporciona los datos respecto a las instituciones o corporaciones responsables de los casos denunciados.

¿Por qué la ineficacia en FGR?

La baja eficacia en la resolución de casos de tortura es un padecimiento que la Fiscalía arrastra desde hace varios años. En 2017, por ejemplo, este medio publicó que la entonces PGR había resuelto menos del 1% de más de 10 mil averiguaciones previas iniciadas por dicho delito en el periodo de 2012 y 2016.

Pero este fenómeno no se limita solo al delito de tortura. El 28 de enero pasado la Fiscalía entregó un informe al Congreso en el que reconocía que había conseguido esclarecer, en promedio, solo 1 de cada 100 carpetas de investigación en curso por delitos graves como desapariciones forzadas, trata de personas o ilícitos contra migrantes.

De acuerdo con especialistas y organizaciones agrupadas en el denominado “Colectivo contra la Impunidemia”, lo anterior es resultado de problemas estructurales que acarrea la FGR y que pasan por la falta de estrategias para investigar fenómenos macrocriminales, deficiencias en cantidad y calidad de los recursos humanos, ausencia de protocolos, problemas de comunicación entre áreas, corrupción, entre otros.

Aunque en enero de 2019 la entonces PGR se transformó oficialmente en la nueva Fiscalía general y se promulgó una nueva ley con otro modelo de organización que buscaba incrementar la eficiencia de la institución, en los hechos la institución ha seguido operando casi de la misma manera.

Según un informe del colectivo, esto es consecuencia de que la administración del fiscal General Alejandro Gertz no ha puesto en marcha la mayor parte de las disposiciones que contempla la nueva ley, incluyendo el diseño de un plan de persecución penal que encamine todos los esfuerzos de la fiscalía para atacar los grandes fenómenos delictivos.

De hecho, esta semana las organizaciones criticaron en un comunicado la intención del fiscal General de promover en el Senado la derogación completa de la Ley Orgánica de FGR en vez de haber intentado aplicarla.

Mientras eso sucede la Fiscalía acumula múltiples investigaciones por casos de tortura, entre las que destacan casos de alto impacto como los cometidos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varios más atribuidos al Ejército y la Marina. A ellos se suman casos que la FGR está obligada a atraer por orden judicial como el de la tortura y abusos sexuales contra mujeres en Atenco cometidos hace 14 años.