Las entidades del país han demostrado rezagos en materia de transparencia en el transcurso del 2020, ya que, según aregional, no hay información precisa sobre los recursos que utilizan para el rubro de asistencia social a grupos vulnerables, ni detallan la planeación de los ingresos y gastos para temas alimentarios, de salud y bienestar comunitario.

A través de la primera edición del Índice de Transparencia del Gasto Social en las Entidades Federativas (ITGSocial), la consultoría dio a conocer que los estados no rinden cuentas sobre los recursos relacionados con el desarrollo social.

El promedio nacional  de este indicador es reprobatorio, con 58.23 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos posibles.

Al respecto, Noemí García Carrillo, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de aregional, sin dejar de señalar que es preocupante que más de 50% de las entidades concentren en niveles reprobatorios de transparencia del gasto, afirmó que estos resultados también se debieron a que la mayoría de los DIF estatales no presentaron información relacionada con la regulación, planeación y programación del presupuesto de ingresos y egresos; a la par, dijo, no detallaron la disponibilidad de padrones de beneficiarios de programas sociales. Sobre el desarrollo del ITGSocial, Noemí García detalló que con el paso de los años el análisis de la transparencia ha ganado mayor peso, además, considerando la actual coyuntura, agregó, era necesario evaluar la información sobre el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social.

“El desarrollo social conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso”, puntualizó.

La especialista recordó que el ITGSocial es un instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad de la información financiera generada por los Organismos Públicos Descentralizados denominados sistemas estatales para el DIF, en su papel de encargados de la asistencia pública en las entidades.

La medición del indicador se constituye por cuatro etapas: objetivos y variables;  verificar disponibilidad de la información pública en las páginas electrónicas de los DIF de las entidades (datos recabados entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre del 2020); análisis de los datos y elaboración del presente documento, y difusión de resultados del índice.

El índice se integra por seis bloques: marco regulatorio (ordenamientos jurídicos); marco programático-presupuestal (planeación de ingresos y gastos); costos operativos (acciones en servicios y demandas sociales); rendición de cuentas (actividades realizadas); evaluación de resultados (gestión de indicadores), y estadísticas fiscales (disponibilidad de los datos).

A partir de la escala de 0 a 100 puntos posible, hay tres niveles: alto (mayor a 70 puntos), medio (arriba de 60 y debajo de 70 puntos) y bajo (menor a 60.0 puntos).

Desglose

En la primera evaluación del ITGSocial, en el nivel alto estuvieron en total cinco entidades; el Estado de México se colocó en la primera posición, con 78.03 puntos, seguido de Baja California y Sinaloa, con 77.95 y 75.59 puntos, respectivamente.

“El DIF del Estado de México cuenta en su sitio con información actualizada, en algunos rubros a octubre del 2020. En cuanto a información histórica concentra información organizada desde 2015. Respecto a las fracciones de transparencia, éstas se revisaron a través del sitio Ipomex, en general con formatos llenados correctamente para el 2020”, ahondó García Carrillo.

Guanajuato (74.10 puntos) y Sonora (70.08), fueron los otros dos estados que se posicionaron en esta categoría. “Desafortunadamente ninguna entidad superó los 80.0 puntos. Los posicionados en el nivel alto, se caracterizaron por presentar en sus sitios oficiales apartados específicos para la presentación de información financiera y contable”, dijo.

En el nivel medio se agruparon 10 entidades, destacando Hidalgo (69.38 puntos), Colima (68.03), Jalisco (63.6) y Chihuahua (63.58 puntos); se caracterizaron por un buen cumplimiento en los bloques de costos operativos y evaluación de resultados.

En el nivel bajo se colocaron más de 50% de los estados (17); este conjunto, se caracterizó por presentar información deficiente en los bloques de marco regulatorio y en el marco programático presupuestal y además, presentaron carencias importantes en el bloque de rendición de cuentas.

En las últimas posiciones, con puntuaciones por debajo de 45.0 puntos, están Oaxaca (44.50), Ciudad de México (42.88), Nuevo León (39.08) y Baja California Sur (35.44).

La experta de aregional aseguró que con Baja California Sur no se encontró información relacionada con el tabulador de cuotas de recuperación de bienes y servicios del 2020, los ingresos y egresos presupuestados a ejercer en el año y su correspondiente calendarización.