Ciudad de México. (Agencia Universal). El gobierno federal y los empresarios anunciarán este miércoles que se pospone la discusión de la iniciativa presidencial para regular el outsourcing, luego de que no lograron acuerdos y entendimientos sobre algunos temas, por lo que pedirán a la Cámara de Diputados que mande hasta febrero de 2021 el proceso parlamentario para discutir y aprobar la propuesta de ley que les envió el presidente López Obrador sobre la subcontratación de servicios laborales. En febrero, las reformas para normar el outsourcing tendrían carácter de “iniciativa preferente”, lo que significa que tendría que ser aprobada en un plazo no mayor a un mes.
De ese modo, los dos meses y medio que transcurrirán de aquí a febrero, antes de que se apruebe la iniciativa de López Obrador en el Congreso, serán un “periodo de gracia” para que las compañías que hoy tengan algún esquema de contratación irregular por outsourcing lo regularicen. “Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo para llevar a cabo este proceso. Por ello se solicita respetuosamente al Poder Legislativo posponer a febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa”, según dice el documento titulado “Acuerdo Tripartida entre el Sector Empresarial, el Sector Obrero y el Gobierno de México respecto a la Subcontratación”, elaborado en la oficina de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
De acuerdo con una copia de dicho documento, en poder de esta columna, son cuatro puntos los que firmarán en el “Acuerdo Tripartita” el gobierno, los empresarios y los representantes sindicales. Los tres “sectores” se comprometen en el primer punto “a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas”.
En el punto 2, se menciona que no ha habido acuerdos en el tema del reparto de utilidades, que fue uno de los puntos de mayor tensión durante las pláticas que sostuvo el presidente López Obrador con los empresarios.
El punto 3 se refiere al plazo que pidieron las empresas para regularizar su situación, ante lo cual el Acuerdo Tripartita solicita que la Cámara de Diputados posponga a febrero la discusión de la iniciativa enviada, con la explicación de que a partir de esa fecha se le declarará “iniciativa preferente” y tendrá que ser aprobada a más tardar en un mes. Finalmente, en el punto 4, los tres sectores, acuerdan hacer “un llamado a las empresas que manejan nóminas, para que dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre”.
Después de al menos tres reuniones que no fueron nada tersas, el presidente López Obrador decidió ceder a la petición de los empresarios para contar con el “periodo de gracia” que les permita ajustar sus esquemas de subcontratación a la nueva ley. Al final, los empresarios ganaron tiempo, pero el presidente ganó la partida porque mantendrá sin modificaciones su propuesta que declara irregular e ilegal, incluso con sanciones y delitos equiparables al crimen organizado, los esquemas de abuso y defraudación del outsourcing. Podría decirse, entonces, que como en una partida de ajedrez, los dirigentes empresariales lograron detener el reloj y dejar el juego en suspenso, pero para finales de febrero de 2021, cuando se reanude la partida, el presidente les dará jaque mate, y los que no hayan regularizado sus esquemas de subcontratación, se tendrán que atener a las consecuencias hasta penales.
Redacción