Los críticos aseguran que es un gran golpe a diversos sectores, incluido el científico, el deporte, los derechos humanos, el cine y muchos más; la oposición se retiró de la discusión en protesta
Fueron 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención en la Comisión de Presupuesto
CIUDAD DE MÉXICO. - La iniciativa de desaparecer hasta 109 fideicomisos y fondos en México avanzó este martes en la Cámara de Diputados en una sesión maratónica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en lo que los críticos calificaron como un grave golpe al financiamiento de un amplio espectro de sectores como el deporte, la ciencia, los derechos humanos e incluso el combate al cambio climático.
Después de casi cinco horas de discusión, la Comisión de presupuesto aprobó en lo general el dictamen presentado con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, a pesar de que la oposición alertó que el dictamen cambió “de la noche a la mañana” y pasó de la eliminación de 54 fideicomisos a 109 sin avisos previos ni consensos.
La propuesta, impulsada por Morena y sus aliados, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, fue turnada a la Mesa Directiva para que se programe la fecha en que se discutirá en el Pleno.
Después de que el dictamen fuera aprobado en lo general, la oposición, encabezada por Laura Rojas del PAN (Partido Acción Nacional) y los diputados del PRI (Partido Revolucionario Institucional), MC (Movimiento Ciudadano) y PRD (Partido de la Revolución Democrática), se retiraron de la mesa, señalando que había sido una movida grosera por parte del partido de la mayoría.
Morena, que había adelantado su deseo de eliminar primero nueve fideicomisos, número que subió a 14, luego a 44 y posteriormente a 54, para quedar finalmente en 109, justificó la propuesta de eliminar estos fideicomisos aduciendo a que son generadores de corrupción, aunque sin ofrecer pruebas de ello.
Aseveraron que los fondos no dejarán de entregarse, aunque con la extinción de estos mecanismos, varios de estos recursos pasarían a ser operados por la Secretaría de Gobernación y, en otros casos, por las dependencias del ramo del que provienen dichos fondos.