Ciudad de México

Cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, México contaba con una estrategia nacional de combate a la corrupción que se comenzó a configurar desde 2015 y va mucho más de un plan sexenal, que tiene como su principal instrumento de acción el Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, el mandatario prefirió una distinta, expuso Luis Ángel Martínez Ramírez especialista en anticorrupción y transparencia del Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.
Refirió que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) contempla una Política Nacional Anticorrupción (PNA), la cual no se siguió. Contrario a lo que dice ese lineamiento, que debe haber una relación entre sociedad civil y gobierno para atacar ese problema, con López Obrador no se ha seguido.
Martínez Ramírez explicó que la PNA prevé que el procesamiento de los casos de corrupción tiene dos salidas: la penal y la administrativa; sin embargo, actualmente sólo existe el camino institucional para que transite la primera.
En el caso de la administrativa, no es posible porque está incompleto el sistema. Concretamente el Senado ha incumplido su obligación de nombrar a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además, el gobierno federal ha manifestado claramente que prefiere que esa instancia no exista.
El especialista comentó que en el caso de los asuntos de corrupción ocurridos en sexenios anteriores pero cuyo proceso no ha concluido, como Pemex-Odebrecht y La Estafa Maestra, durante el gobierno actual han tenido un procedimiento politizado y desaseado.
Incluso externó su preocupación porque el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, puede ya no tener una salida judicial, debido a que, con su exposición mediática y politización, impulsada por el propio presidente López Obrador, se puede haber violado ya el debido proceso.
En el momento en el que el Presidente dice que le gustaría que la gente viera los videos que aportó Lozoya Austin en su denuncia y al día siguiente se filtran los videos y luego dice que se debería conocer toda la denuncia y casi de inmediato se filtra la denuncia completa, eso mina el proceso legal, argumentó.
Con esto, en opinión del especialista, lo que queda claro es que no existe combate a la corrupción, porque lo que se está haciendo es ilegal. Lo que ocurre es un golpeteo político y hasta electoral.
Exclamó que “es muy preocupante” que pida que la gente vote para que se decida si se va a enjuiciar o no a los expresidentes por presuntos actos de corrupción, porque se está ligando la lucha contra la corrupción con lo electoral, al pretender que el mismo día de la elección intermedia, los electores voten sobre ese asunto.
El investigador del Laboratorio de Políticas Públicas Ethos dijo que lo lamentable es que, con ello existe, la posibilidad de que ese caso se “caiga” al no conducirse mediante un debido proceso.
Desde su perspectiva, el problema es que, por lo menos en el caso Odebrecht, todo lo que debería ser público es muy opaco y lo que debería manejarse con reserva se hace público.
Concretamente mencionó que lo que debería de ser público serían las audiencias ante el juez y se hizo ante WhatsApp con el argumento de las medidas de contención de la pandemia del Covid-19.
Contrario a ello, lo que debió mantenerse en el expediente y que solo tuvieran acceso la Fiscalía y la defensa, son los videos que fueron filtrados horas después de que el Presidente lo pidió, aunque hoy no se sepa quién lo hizo y tanto la defensa como la FGR han dicho que ellos no fueron. “Eso es lo más desaseado posible que puede tener un caso” porque no se respeta la presunción de inocencia.
El especialista enfatizó que el fin último del combate a la corrupción no es castigar a los responsables sino la recuperación de los activos y la reparación del daño.
Martínez Ramírez destacó que con la llegada de López Obrador a la presidencia se generó la expectativa de que sí se llegaría al fondo de los presuntos actos de corrupción cometidos entre ejecutivos de Odebrecht y funcionarios mexicanos relacionados con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y la entrega de contratos de Pemex, pero con la forma en que se ha procesado el caso se pueda “caer”.
“Al hacer esta investigación tan desaseada estamos perdiendo una oportunidad única para combatir la corrupción. Pudimos usar como nunca al Sistema Nacional Anticorrupción y pudimos aprender, como nunca, sobre el combate a este tipo de conductas. Cuando se filtró todo, todo se contaminó y ahora no sabemos qué declaró Lozoya y que no declaró y que se hizo mal y que no. Es una novela política más que un proceso judicial”, dijo.
Consideró que en este caso se está usando mal el criterio de oportunidad porque, de entrada, este sólo procede para personas que no tienen un interés público y para aquellas que ya repararon el daño.
En el caso de la llamada Estafa Maestra, dijo que por lo que se ha procesado a Rosario Robles, quien habría sido un actor principal de ese caso, es por omisión, que es una falta administrativa, que, además, en donde debería estarse ventilando es ante un tribunal administrativo y el castigo que tendría sería una sanción, incluso inhabilitación, no cárcel.
Además, se le impuso prisión preventiva cuando no lo ameritaba.
Sobre los casos en los que hay señalamientos de corrupción contra funcionarios de la actual administración federal, dijo que hemos visto procesos muy desaseados en donde no se ha podido tener la certeza de si tuvo algún tipo de responsabilidad o no. Da la impresión de que ocurrió lo mismo que con la investigación de la casa blanca de Enrique Peña Nieto, en el que su compañero de gobierno lo exoneró.

El Economista