Sedena desvió más de 385 MDP a través de 11 empresas fantasma en gobierno de Peña Nieto Destacado

Escrito por  El País Ago 26, 2020

El ejercito mexicano participó en un plan de modernización de infraestructura en las aduanas más importantes del país

Ciudad de México

 Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó en un plan de modernización de infraestructura en las aduanas más importantes del país, donde utilizó 11 empresas fantasma a las que desvió 385,1 millones de pesos (unos 24,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Para realizar los trabajos la dependencia militar firmó un convenio de colaboración con la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del que no se conocían detalles hasta ahora porque lo habían clasificado como reservado por 12 años alegando seguridad nacional. El SAT justificó que tuvo que encomendarle las obras a la Sedena porque el crimen organizado dificultó la ejecución de las trabajos contratados con empresas privadas en proyectos de modificación de aduanas, así como de la planeación de nuevas instalaciones. “Por lo anterior es que se tuvo que recurrir a una instancia de seguridad nacional, como la Sedena para la construcción de diversas obras”, se lee en un oficio otorgado vía transparencia para esta investigación. El Plan de Modernización de Infraestructura en Aduanas 2013-2018 tenía como objetivo la renovación y construcción de nuevas instalaciones que mejoraran la operación aduanera y el comercio exterior en el país. Entre marzo de 2013 y noviembre de 2018 la Administración General de Aduanas del SAT firmó 30 convenios específicos con la Dirección de Ingenieros de la Sedena donde acordaron una cláusula de confidencialidad para “evitar que información sensible que pudiera desprenderse de los proyectos, así como los detalles de la forma en que operan las aduanas pudiera ser utilizada en contra del Estado mexicano”. Ahora es posible conocer detalles de esos acuerdos —como la ubicación de las obras y los costos— después de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) echara abajo la clasificación y solicitara brindar una versión pública de los convenios.

 

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