CIUDAD DE MÉXICO. (ELECONOMISTA). - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía el 15 de mayo del 2020, en la que se ponderaba la generación de rápido arranque o base, que concentran principalmente las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de la generación intermitente renovable, principalmente de los privados.
“Se suspenden todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, notificó en estrados el Poder judicial.
El pasado 22 de junio, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Corte, por considerar que dicha política violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución federal, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.
La suspensión ordenada por la Corte deja sin efectos la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, luego de que empresarios consideraron que no ofrece certidumbre a las inversiones realizadas, y las futuras tendrán que invertir más, lo que ocasionará un incremento en el costo de la electricidad por medio de energías renovables al aumentar el monto de la inversión.
La medida cautelar de suspensión estará vigente hasta que el pleno de la Corte resuelva el fondo del asunto.
En su recurso del 22 de junio, la Cofece consideró que la política emitida por el gobierno federal es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
“El instrumento publicado afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector.
“Ello porque la política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, estimó la Cofece.
El órgano autónomo mencionó que el acuerdo de la Sener incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.