La comunidad de Capulálpam de Méndez, asentada en la región Sierra Juárez, está luchando por la defensa de su bosque y del agua, porque una empresa minera ha saqueado sus recursos naturales desde hace décadas excluyendo que se trata de un pueblo indígena, sin que se realizara una consulta libre, previa e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT.

Capulálpam (del náhuatl, tierra de capulines) está próxima a cumplir 30 años por sus buenas prácticas en el manejo de los bosques, lo que le ha valido con ser reconocida por gobiernos y organismos nacionales e internacionales como el Consejo Mundial Forestal (Forest Stewardship Council o FSC por sus siglas), el Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Salvaje (WWF), además, es parte del programa federal Pueblos Mágicos.

La comunidad zapoteca, de casi 4 mil hectáreas, reconocida por su programa de aprovechamiento forestal, lucha contracorriente ante la falta de solución al conflicto enfrentado con la empresa minera La Natividad, filial de la compañía canadiense Continnum Resources LTD, ubicada a 2 kilómetros de su centro urbano, en el municipio vecino de Natividad de Ixtlán.

“Las perforaciones realizadas por la actividad minera ya secaron 13 de los 14 manantiales, además, una parte del bosque la usan como vertedero de jales o desechos, una vez extraído el oro y plata de las rocas”, expuso Francisco García López, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez.

Sostuvo que la empresa minera La Natividad ha estado sustrayendo material procesado de manera clandestina, “a pesar de no contar con los permisos de impacto ambiental y sobre todo, pasando por alto el amparo otorgado por el Poder Judicial Federal a Capulálpam”.

“Desde febrero pasado, ganamos un amparo para la cancelación de las concesiones mineras”, agregó.

Por esto, al inicio del presente mes, la asamblea comunitaria tomó la decisión de retener un camión de la empresa minera cargado con más de 20 toneladas de material procesado, porque las autoridades federales y estatales no han ofrecido alguna respuesta a Capulálpam.

Además, también decidió bloquear la carretera y no permitir la instalación de mesas receptoras del voto durante la jornada electoral del 2 de junio, al considerar que los partidos políticos y  los funcionarios “les han dado la espalda a la demanda de cerrar la mina dedicada a la extracción de oro y plata”.

Como consecuencia de su acción de resistencia, el pasado 5 de junio en forma casi inexplicable ocurrió un incendio forestal, “precisamente en nuestros terrenos, que avanzó con rapidez, causó daños irreversibles en más de 100 hectáreas de bosque de pino y encino, a pesar de la pronta actuación y  respuesta inmediata de los pueblos solidarios”, comentó apesadumbrado.

Salvador Anta Fonseca, biólogo experto en manejo forestal comunitario y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, refirió que, en su rechazo a la minería, Capulálpam no sólo ha tenido que enfrentar a las empresas mineras y las determinaciones de los gobiernos federales (anteriores al actual) que otorgaron las concesiones.

Al problema con la empresa se añade el conflicto con la comunidad vecina de Natividad Ixtlán, que cuenta con 500 habitantes, y que nació como un asentamiento de trabajadores de la mina, entre los años 30 a 60, cuando tuvo su apogeo, aunque la explotación data de unos 200 años atrás.

El municipio de Natividad fue reconocido constitucionalmente por el Congreso del estado en 1939, en una parte de los terrenos de Capulálpam de Méndez, lo que ha derivado un conflicto permanente por la posesión de la tierra.

“La empresa ha buscado dividir ambos pueblos, pues mientras unos luchan por sacarla, otros, la defienden pues es su principal fuente de empleo”, comentó Anta Fonseca a Excélsior.

Subrayó el contraste entre los estrictos requisitos a las comunidades indígenas para aprovechar sus propios recursos, con la flexibilidad de las normas para otorgar concesiones y permisos a las empresas mineras extranjeras, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

De su lado, el secretario general de Gobierno, Jesús Romero López, sostuvo que la administración estatal antepone el diálogo en el conflicto entre Capulálpam y Natividad Ixtlán, a la demanda de salida de la minera de capital canadiense.

“Al igual que el presidente López Obrador, el gobernador Salomón Jara no avala ni avalará la apertura de nuevas mineras en el territorio oaxaqueño”, aseguró.

Dijo que se revisan los documentos correspondientes, así como una eventual salida jurídica que concilie la visión de la comunidad sobre la actividad minera vigente en Natividad. Asimismo, se solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente para resolver el conflicto.