Ciudad de México, CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a recibir evidencias clave de informantes anónimos y empresas proveedoras para esclarecer presuntos actos de corrupción en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE). El órgano fiscalizador confirmó que este esquema inédito de colaboración busca rastrear irregularidades operadas durante la gestión de Guadalupe Taddei y periodos previos en todo el país.
El material recabado incluye testimonios directos, fotografías, grabaciones de video, registros de mensajería y rastreos de movimientos financieros que documentan la dinámica de las adjudicaciones. Los informantes buscan acogerse a un programa oficial de reducción de sanciones a cambio de entregar documentación confidencial que permita ubicar domicilios, nombres y alias de los presuntos involucrados.
Esta estrategia de investigación permite contrastar las versiones de los implicados con respaldos digitales para reconstruir la ruta del dinero público otorgado a diversos contratistas. La acumulación de confesiones y pruebas documentales fortalece los expedientes que determinarán el grado de responsabilidad administrativa o penal de funcionarios e intermediarios del organismo electoral.
La inédita apertura de este canal de denuncia corporativa marca un precedente en los procesos de fiscalización de la administración pública mexicana. Con la información técnica y los expedientes en revisión, las autoridades buscan desarticular esquemas opacos de licitación y aplicar sanciones ejemplares a quienes hayan lucrado con los recursos del órgano electoral.
