Autoridades aseguraron 130 equipos de cómputo, tres transformadores y un sistema de videovigilancia durante el operativo
Un centro clandestino dedicado a la minería de criptomonedas fue desmantelado esta semana en Culiacán, Sinaloa, donde autoridades estatales aseguraron 130 equipos de cómputo, tres transformadores eléctricos y un sistema de videovigilancia.
El hallazgo forma parte de una serie de operativos realizados en distintas entidades del país contra instalaciones irregulares utilizadas para generar activos digitales, algunas de las cuales han sido relacionadas con posibles actividades del crimen organizado.
De acuerdo con información publicada por El País, las autoridades sinaloenses localizaron el inmueble y procedieron al aseguramiento de los equipos utilizados para las operaciones de minería digital.
Este tipo de actividad requiere computadoras especializadas que trabajan de manera continua para validar transacciones en redes de criptomonedas. Su funcionamiento implica un elevado consumo de energía eléctrica y sistemas de ventilación para controlar el calor generado por los dispositivos.
Aunque la minería de criptomonedas no constituye por sí misma una actividad ilegal, las operaciones clandestinas y las conexiones irregulares al suministro eléctrico representan posibles indicios de actividades ilícitas.
El caso de Sinaloa se suma a los registrados en Puebla, donde en menos de tres meses fueron desmanteladas dos instalaciones de este tipo en el municipio de Tlaola.
En uno de los operativos realizados en esa entidad, las autoridades aseguraron alrededor de 300 computadoras especializadas, 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales. En otro inmueble localizaron al menos 100 tarjetas gráficas, 50 equipos de última generación y un transformador industrial.
Especialistas en delitos financieros advierten que los criptoactivos también pueden ser incorporados a esquemas de lavado de dinero debido a las características de seudonimato y rapidez de las transacciones, lo que representa un desafío para las autoridades encargadas de rastrear recursos de procedencia ilícita.



