Y aclara que suspender sus derechos jubilatorios sin una resolución judicial violaría sus garantías
Culiacán, Sinaloa.— Ante la polémica generada por la renuncia del ex vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Dámaso Castro, surge el llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades mexicanas actúen con firmeza y esclarezcan las acusaciones que pesan en su contra, incluidas las investigaciones iniciadas en Estados Unidos.
Durante una entrevista, el especialista en derecho subrayó que la sociedad sinaloense exige claridad y resultados concretos para evitar que el caso quede en la incertidumbre. Señaló que dejar una acusación en el aire, sin seguir el debido proceso hasta determinar responsabilidades, genera desconfianza ciudadana.
“Debe de darse una respuesta ante los sinaloenses; la autoridad correspondiente debe decidir en su momento si es culpable o no lo es, porque queda en el aire eso de que hay una acusación y no se siga el curso, pues deja un mal sabor de boca ante la sociedad”, puntualizó.
Llamado a la FGR y posible colaboración con EE. UU.
Respecto a los señalamientos vinculados con el Departamento de Justicia de Estados Unidos —motivo principal por el cual el exfuncionario habría solicitado separarse del cargo para enfrentar el proceso—, el entrevistado enfatizó que las autoridades estadounidenses deberán realizar las diligencias pertinentes en coordinación con México.
Explicó que, de reunirse los elementos jurídicos necesarios, podría procederse a su detención y eventual extradición o deportación para ser juzgado en territorio norteamericano. Sin embargo, insistió en que el Estado mexicano no debe ser omiso:
“Yo creo que es muy importante que la justicia mexicana haga lo propio de investigarlo, puesto que quedaría en un papel mal parado que la Fiscalía General de la República no haga lo correspondiente, de que también se le investigue por lo cual lo está acusando Estados Unidos”, afirmó.
El debate sobre su pensión y derechos laborales
En torno a la controversia sobre si el exvicefiscal debe o no acceder a su pensión tras su salida de la institución, el jurista aclaró que, conforme a la ley, no existen elementos para negarle o congelarle dicha prestación en esta etapa del proceso.
Argumentó que coartar el acceso a su jubilación vulneraría un derecho fundamental destinado a garantizar su subsistencia y la de su familia, dado que hasta el momento no existe una resolución judicial en su contra.
“Hasta ahorita no hay una sentencia para decir ‘reténgasele todo, congélense sus cuentas’. Tiene todo el derecho a seguir cobrando su pensión; no cortárselo hasta que no haya una sentencia firme. Entonces sí, ya habrá el juez en un momento dado de decidir sobre la cuestión económica, pero ahorita el derecho que tiene a esa pensión lo puede seguir percibiendo, es lo legal”, concluyó.
Humberto Ramírez
